Milei vetó en forma total el magro aumento a los jubilados

Al filo de los 10 días reglamentarios para vetar la ley, Javier Milei finalmente firmó el veto a la mejora en las jubilaciones que aprobó el Congreso bajo la explicación de que sería un golpe a las cuentas fiscales del Gobierno, poniendo el superávit y el plan económico en riesgo. En el Boletín Oficial será publicado el decreto que estableció el veto en medianoche del domingo al lunes próximos.

La rúbrica llegó luego de la reunión que el Presidente mantuvo en Casa Rosada con los diputados y senadores de La Libertad Avanza y los miembros aliados de la Cámara baja, con quienes definió una hoja de ruta legislativa y un apoyo a la hora de votar para ratificar el veto presidencial.

De acuerdo con que lo pudo saber Infobae, en el decreto que confirma el veto se advierte que la iniciativa aprobada por el Congreso “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.

Y agrega que el Poder Legislativo debe “actuar con sensatez institucional, de forma responsable, cuidando de no emitir disposiciones cuya aplicación sea inconveniente para las cuentas públicas, o que contradigan la proyección de ingresos y distribución de gastos prevista en el Presupuesto Nacional”.

Entre los datos numéricos del impacto de la medida, se indica que asciende a 6.160.000.000.000 para el año 2024, es decir seis billones ciento sesenta mil millones de pesos, y unos 15.430.000.000.000 para el año próximo. Son importes que para el Gobierno “equivalen al 1,02% del Producto Bruto Interno (PBI) calculado para el año en curso; y de 1,64% de aquél, estimado para el año entrante”.

Respecto del gasto previsional de la ANSES, dichos importes, estimó el gobierno, representan un incremento del 18,5% para el año 2024 y de 29,2% para el año 2025. Además, se indica que si las erogaciones citadas se relacionaran con el gasto primario de la Administración Nacional previsto en el presupuesto vigente, la medida sancionada “conllevaría un aumento de aproximadamente el 8% del referido presupuesto en términos anuales”.

“La cifra mencionada tornaría imposible cumplir con las metas fiscales fijadas por el Gobierno para el actual ejercicio fiscal y los siguientes”, explicaron. Y recordaron que el objetivo primordial para el primer año de gobierno liberal es evitar la emisión monetaria, al igual que mantener el déficit cero y frenar la crisis inflacionaria.

Ante los ojos del Poder Ejecutivo, la medida no solo pondría en riesgo al plan económico del Gobierno y el Presupuesto 2025, sino que daría inicio a una nueva problemática que empeoraría cada año. En este sentido, advirtieron que habría futuros incumplimientos y deudas con los beneficiarios al no especificarse la fuente de financiamiento.

Al mismo tiempo, apuntaron que la propuesta pondría en jaque al sistema de previsión social, el cual aseguraron que “ya ha comenzado una senda de recuperación” producto de la batería de políticas económicas impulsadas por la actual gestión. Asimismo, indicaron que este tipo de deficiencias técnicas y operativas complicarían su implementación.