El ajuste de Milei a las universidades roza el 32% en 2024

En el panorama de  la educación superior argentina, las universidades nacionales enfrentan un desafío creciente para mantener su funcionamiento y preservar la calidad  educativa en medio de un escenario económico incierto.

Un reciente informe de la Asociación Argentina de Presupuesto iluminó la precariedad financiera al poner de manifiesto que las transferencias del gobierno hacia estas instituciones se quedarán por debajo de la inflación estimada en 2024, alcanzando una baja del 32,1%. Este dato, preocupante de por sí, parece ser solo el comienzo.

Este escenario ha provocado una reacción en cadena dentro de la comunidad universitaria. Este miércoles, una movilización multitudinaria tomó las calles del país en ciudades clave como Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Miles de estudiantes, docentes y trabajadores no docentes unieron sus voces para exigir un compromiso verdadero con la educación y hacer un llamado a evitar mayores recortes presupuestarios que, consideran, amenazan con desangrar lentamente al sistema educativo superior, uno de los pilares reconocidos de la sociedad argentina desde hace décadas.

La Asociación Argentina de Presupuesto afirmó que entre septiembre de 2023 y el mismo mes del año 2024, las universidades nacionales recibieron el 86,9% de lo devengado por el ejecutivo. Tal cifra pone en evidencia una brecha significativa entre el dinero realmente destinado a los establecimientos educativos y lo que fue originalmente previsto. Son 61 las casas de estudio afectadas; ninguna alcanzó los niveles financieros requeridos para enfrentar el incremento de costos inflacionarios.

Algunos de los establecimientos académicos más impactados incluyen la Universidad de Buenos Aires, que hasta el presente recibió únicamente el 87,5% de lo adelantado, denotando una caída presupuestaria del 29%. Universidades más pequeñas, como las de Moreno, Hurlingham y San Antonio de Areco, enfrentan ajustes más pronunciados, alimentando el malestar colectivo ante una política fiscal restrictiva destinada a equilibrar las arcas del Estado.

Las partidas para infraestructura y herramientas académicas, vitales para la renovación y ampliación de capacidades educativas, también sufrieron un desplome del orden del 100%. Estas drásticas reducciones configuran un marco verdaderamente alarmante.

El futuro no parece prometedor, ya que el presidente Javier Milei ha vetado la ley destinada a garantizar el financiamiento actual y futuro de la educación universitaria. Este veto proyecta tensiones adicionales hasta 2025, donde el presupuesto asignado apenas alcanza un valor muy inferior al requisitado por el Consejo Interuniversitario Nacional – CIN, preparando el escenario para protestas y reclamos aún más intensos.

Frente a este panorama, las voces universitarias han sido categóricas: la situación actual es más crítica y acuciante que a comienzos de año. En un comunicado contundente, el CIN enfatizó la importancia de preservar los derechos de sus trabajadores y las condiciones educativas, lo cual consideran esencial para una educación de calidad que asegure el futuro de nuevas generaciones.