El vicegobernador de Santa Cruz, Fabián Leguizamón, rechazó de manera contundente la denuncia por violencia de género presentada por la legisladora opositora Lorena Ponce. El incidente tuvo lugar durante una sesión legislativa cargada de tensión, originada por recortes en los haberes de los diputados de Unión por la Patria, quienes no concurrieron a cumplir con sus funciones. Para Leguizamón, la acusación forma parte de una estrategia política destinada a desviar el foco del conflicto real.
En el marco de una fuerte controversia que sacudió a la Cámara de Diputados provincial, Leguizamón, en su rol de presidente del recinto, desmintió públicamente la denuncia realizada por Ponce, referente del bloque opositor. “Rechazo por completo estas falsas imputaciones promovidas por sectores de la oposición”, sostuvo en una comunicación oficial.
El episodio se produjo durante una sesión especialmente conflictiva, cuando se dio a conocer que se descontaron $1.200.000 de los sueldos de varios legisladores opositores por no asistir a sus obligaciones parlamentarias. Según explicó Leguizamón, el único miembro del bloque que no fue alcanzado por la medida fue el diputado Carlos Santi, de Puerto Deseado, ya que él sí estuvo presente.
Leguizamón defendió la decisión al afirmar que “se actuó del mismo modo que con cualquier empleado que percibe un salario por su trabajo”, y consideró que la reacción del sector opositor, en particular de la diputada Ponce, se limitó a expresiones altisonantes en el marco del debate parlamentario, descartando de plano cualquier hecho violento fuera del plano verbal.
La denuncia de Ponce fue difundida por el medio El Diario Nuevo Día, donde se señaló que la legisladora acusó a Leguizamón de tener una conducta “agresiva y amenazante”, lo cual motivó una presentación formal ante las autoridades. La situación generó repercusiones inmediatas en el ámbito político local, con opiniones divididas tanto en el oficialismo como entre los sectores opositores.
Finalmente, Leguizamón remarcó que la denuncia forma parte de un intento deliberado por desplazar el eje de discusión, que según él radica en la falta de cumplimiento de deberes por parte de algunos diputados y la posterior sanción económica. El hecho se inscribe dentro de un clima político cada vez más polarizado en la Legislatura santacruceña.
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