La Sala IV de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña ya recibió las presentaciones de todas las partes en el marco de lo que se denomina “trámite de oficina”, en la causa por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz. Se trata de la instancia previa a las audiencias de apelación a las condenas y absoluciones dictadas por el Tribunal Oral de primera instancia.
En las últimas horas, tanto el representante del Ministerio Público Fiscal, Mario Villar, cuanto las defensas de Cristina de Kirchner; José López; Osvaldo Daruich; Raúl Pavesi y Mauricio Collareda cumplieron el ingreso de sendos escritos en los que reforzaron argumentos e hicieron nuevos cuestionamientos al fallo conocido el 6 de diciembre pasado.
Los abogados de CFK, Carlos Berardi y Ary Llernovoy sumaron argumentos para reclamar la absolución de la expresidenta y respondieron en duros términos a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes insistieron ante los cazadores que se condene a Cristina por asociación ilícita y que se incremente el decomiso de sus bienes.
“La misma sentencia recurrida, de las tres toneladas de prueba que los fiscales aseguraban tener, solo tomó, por decirlo gráficamente, no más de unos pocos gramos, pretendiendo así justificar una condena que ya estaba escrita, pese a que en el debate todos y cada uno de los cargos quedaron fulminados en base a la prueba recogida, aun a instancias de la propia fiscalía”, señala el texto de 46 páginas al que accedió Ámbito.
Sobre la figura de asociación ilícita, los defensores advirtieron que “para poder subsumir una imputación” de ese tipo “no basta con efectuar expresiones grandilocuentes y hacer alusión a la presunta gravedad de los hechos, la supuesta necesidad de imponer un castigo ejemplar, la declamada lucha contra la corrupción o cualquier otra frase efectista carente de sustento jurídico, propia de ámbitos ajenos al derecho”
Para los abogados no se probó la defraudación al Estado (recordaron que todas las obras cuestionadas fueron votadas por el Congreso en las leyes de Presupuesto) y, mucho menos, la participación directa de CFK en las supuestas maniobras: “En el juicio quedó categóricamente demostrada la licitud de todos los actos atribuidos a Cristina Fernández de Kirchner y, en esa medida, su absoluta inocencia, tanto en orden al delito de defraudación en contra de la administración pública como el delito de asociación ilícita”.
Y advirtieron sobre una contradicción del Ministerio Público en su reclamo de la aplicación de dicha figura: “Resulta desconcertante que los fiscales argumenten que la declamada asociación ilícita fue constituida para cometer múltiples defraudaciones en torno a la obra pública vial ejecutada en la provincia de Santa Cruz en el período 2003- 2015, ya que fueron ellos mismos quienes plantearon que la supuesta defraudación fue una sola”.
Por su parte, el fiscal ante la Cámara, Mario Villar reclamó agravar las penas por considerar que debe aplicarse la figura de asociación ilícita (descartada por el Tribunal Oral 2) y que se debe condenar a la vicepresidenta y al resto de los imputados por las supuestas irregularidades en la totalidad de las rutas cuestionadas, otorgadas a Lázaro Báez.
Para Villar, los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu aplicaron penas “exiguas”. Así lo argumentó en su escrito: “La expresidenta y sus funcionarios están imputados en 51 licitaciones a lo largo de varios mandatos. La pena resultante del fallo, al considerarlos un solo hecho no solo aparece como exigua sino como paradójica, pues comunica a la sociedad y, en particular, a los futuros funcionarios, que si se va a delinquir es mejor hacerlo muchas veces y se la cobrarán como una”.
Ahora, Casación pasará a estudiar todos los recursos y luego llamará a las audiencias de apelación, en las que los acusados, además de sus representantes legales, pueden hacer uso de la palabra. Luego, el Código Procesal establece veinte días hábiles para emitir sentencia, plazo que casi nunca se cumple en Comodoro Py.
Además de los seis años de prisión más la inhabilitación para ejercer cargos públicos contra Cristina, el TOF2 condenó a Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Raúl Pavesi, Juan Carlos Villafañe y José Raúl Santibáñez. Y absolvió, en tanto, a Julio De Vido, Abel Fatala, Héctor Jesús Garro y Carlos Kirchner, lo cual fue apelado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, ahora respaldados por su colega ante la Cámara, Villar.
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