El presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado, Jorge Avendaño, se presentó ante la Fiscalía Pública de Caleta Olivia, perteneciente al Juzgado de Instrucción número 2 de la localidad. Llegó acompañado por el gerente general de administración, Pablo Gordillo Arriagada; y el gerente de distrito Caleta Olivia, Alejandro Mamaní.
Los funcionarios de la empresa de Servicios Públicos del Estado santacruceño, fueron a formalizar las denuncias penales contra los supuestos responsables de robar el agua potable destinada al consumo familiar, para poder venderla luego en forma privada.
La respuesta de los funcionarios judiciales causó indignación en el gobierno. Los citaron para el día siguiente porque no había fiscales en ese momento, que pudieran tomarles el reclamo.
El gobernador Claudio Vidal había reclamado, justamente esta semana, que “la Justicia de Santa Cruz debe oír el reclamo del pueblo que pide por Justicia desde hace muchos años”, en referencia a esta denuncia sobre una organización dedicada a robar el agua de todos los caletenses para venderla en forma privada.
Vidal se preguntó: “¿A alguien le cabe duda que la Justicia de Santa Cruz es militante de la oposición, de los que gobernaron durante más de 30 años?”. El mandatario aseguró que muchos funcionarios judiciales “responden políticamente a los que dejaron la provincia arrinconada el 10 de diciembre pasado”.
Para los representantes de SPSE la situación vivida hoy es “insólita” y se da justo en el día en el que el Tribunal Superior de Justicia le pidió una audiencia al gobernador para “conocernos y comprometernos juntos”.
Cerca del gobernador, indicaron que “lo curioso es que los miembros del Tribunal aseguraron que los constantes pedidos de celeridad que reitera el gobernador les causa desconcierto y ni siquiera pueden recibir una denuncia que tiene que ver directamente con la calidad de vida de los vecinos”.
La carta de los miembros del TSJ, en efecto, indica que “han causado gran desconcierto, entre quienes integramos el Poder Judicial, sus reiteradas declaraciones en torno a la lentitud del sistema Judicial y a un supuesto apartamiento de nuestra función esencial que no es otra que solucionar, de manera imparcial e independiente, conflictos que se presentan entre los individuos o entre éstos y el Estado”.
Para el gobernador “la falta de respuesta inmediata a un caso tan sonado y divulgado como el del agua en Caleta, demuestra que lo que sostengo es cierto”.
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