Este martes el Gobierno decidió reducir la edad mínima requerida para ser un legítimo usuario de armas de uso civil de 21 a 18 años. Esta decisión ha sido formalizada a través del Decreto 1081/2024, firmado por el presidente Javier Milei y divulgado en el Boletín Oficial.
Esta modificación significa la actualización de la Ley Nacional de Armas y Explosivos, específicamente de su artículo 55, inciso 1, redactado en 1975. La justificación que ofrece el Gobierno se centra en conseguir la “armonización de la legislación vigente”, acorde al Código Civil y Comercial de 2015, que establece que los ciudadanos alcanzan la mayoría de edad a los 18 años.
La medida no implica cambios en cuanto a otros requisitos necesarios para la adquisición, tenencia y uso de armas, que están establecidos y supervisados por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), el ente regulador encargado de esta materia. Los requisitos técnicos, controles y verificaciones permanecerán inalterables para garantizar la seguridad pública.
Sin embargo, la reducción de la edad establece un nuevo capítulo en el debate social sobre el uso de armas. Para algunos, se trata de un paso hacia la modernización del marco jurídico nacional y la armonización con otras normas legales vigentes, mientras que otros manifiestan preocupación por los potenciales riesgos que implica el acceso legal de los jóvenes a armas de fuego.
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