A partir de las 0 de hoy dejaron de circular por la ciudad del Gorosito los colectivos urbanos de la empresa Autobuses, por haber finalizado su contrato con la Municipalidad, justamente en medio del período de transición y virtual acefalía de autoridades gubernamentales locales A partir de las 0 de hoy dejaron de circular por la ciudad del Gorosito los colectivos urbanos de la empresa Autobuses, por haber finalizado su contrato con la Municipalidad.
La ida de la empresa que pertenece a un grupo empresario santafesino ya estaba anunciada desde hace muchos meses, pero parece ser que ahora nadie se hace cargo de la situación.
El intendente José Córdoba (FpV) continúa sin ejercer funciones por razones de enfermedad de familiares directos; el jefe comunal interino y presidente del Concejo Deliberante, Manuel Aybar (PJ), no tiene poder de gestión, y el electo, Facundo Prades (UCR), no está facultado para interceder y además prefiere esperar asumir formalmente antes de avalar algún acuerdo de prórroga temporaria del servicio.
El gremio que nuclea a los casi 60 trabajadores de Autobuses Caleta Olivia, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), había iniciado hace varias semanas contactos con una empresa que realiza el transporte de personal de una empresa minera que opera en Perito Moreno, CMC, aunque inicialmente trató de desmentir la novedad que había sido anticipada por El Patagónico, pese a que la información se dio con un leve error en la sigla de esa firma.
Se sabe también que los directivos de CMC, que podrían llegar a operar en Caleta Olivia con la denominación “Punta del Golfo” o algo similar, estaban dispuestos a aportar 20 unidades para reemplazar a Autobuses, pero las negociaciones no prosperaron porque el municipio no habría tenido en cuenta esa alternativa.
INCERTIDUMBRE
El delegado de los trabajadores (choferes, administrativos y de otras áreas) ante la UTA, Marcelo Fernández, dijo ayer a ese medio que el clima que reinaba en ese ámbito laboral era de “incertidumbre”.
También reveló que a mediodía de ayer hubo una reunión en la delegación local de la Secretaría de Trabajo de la provincia, a la cual no concurrió ningún funcionario municipal.
Sí lo hizo el principal referente local de Autobuses, Martín Merlo, quien no aceptó ninguna prórroga del servicio hasta tanto el municipio no le cancele la deuda de 2,1 millones de pesos en concepto de transferencia de los subsidios que aporta Nación, según sus cálculos.
Se supo también que los trabajadores habrían rechazaron llevar adelante una protesta en un sitio público, estimativamente en la Ruta 3 a sugerencia del propio Merlo, y consecuentemente optaron por iniciar una vigilia en la base de la empresa.
A media tarde, el concejal Aybar anunció en un programa de radio que había autorizado una prórroga de tres meses al servicio de Autobuses, pero los voceros de los choferes desestimaron que ello pudiera concretarse ya que el directivo local de la empresa fue claro: antes de aceptar cualquier acuerdo, el municipio debía cancelarle la deuda.
(Fuente: El Patagonico.)
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