El titular del bloque de la UCR del Concejo Deliberante propone que el Municipio pida a la Justicia una medida cautelar para evitar que Montecristo SA se lleve los colectivos afectados al servicio de transporte urbano. Trascendió que varios de ellos ya fueron sacados de la ciudad, ante la decisión de la empresa de avanzar en su retiro.
En la próxima sesión ordinaria del Concejo Deliberante local, prevista para el próximo jueves 21 de abril, tomará estado parlamentario un proyecto de resolución del concejal Evaristo Ruiz, presidente del bloque UCR, por el cual se propondrá al Departamento Ejecutivo que solicite a la Justicia local que dicte la prohibición, a la empresa Monte Cristo SA, de sacar fuera del ejido urbano de Río Gallegos los vehículos afectados al servicio de transporte público de pasajeros, ante la circulación de versiones de abandono del servicio por parte de dicha empresa en el mes de junio próximo.
Consultado el autor de la iniciativa, el concejal Ruiz fundó la propuesta en que “de acuerdo ha trascendido en los últimos días a través de medios de prensa locales y una comunicación vía carta documento por parte de la empresa Monte Cristo SA al intendente Giubetich, en el sentido de que la misma haría abandono del servicio entre los meses de mayo y junio del corriente año, es que entendemos deben adoptarse medidas ejecutivas concretas, a fin de prevenir hacer efectiva la responsabilidad de la empresa ante eventuales deudas salariales mantenidas con su personal, incumplimiento que en la última semana también trajo dificultades en la prestación del servicio de transporte”.
Cabe señalar que la propuesta de Ruiz para que, en el marco de la medida cautelar dictada por el Juez Francisco Marinkovic el pasado 17 de marzo, se amplíen los alcances de la misma, dictándose la prohibición a la empresa Monte Cristo SA de sacar los vehículos afectados al servicio fuera del ejido urbano de Río Gallegos, estaría llegando a destiempo.
Es que según los trascendidos, la empresa ya se habría llevado varios micros de la ciudad, “los mejores, dejó los peorcitos”, indicó una fuente extraoficial a La Opinión Austral.
Se cree que entre cinco y siete micros ya fueron sacados de la ciudad por parte de la empresa. Ruiz impulsa que no desaparezca ninguno más, por eso sostiene que es esencial que la Justicia así lo ordene y, de ser necesario, “comunique dicha prohibición a la Policía Provincial y a las fuerzas de seguridad federales”.
Además de la prestación del servicio, para el concejal, que también es abogado, el objetivo de la medida apunta a que “la empresa se haga cargo de su responsabilidad por deudas salariales con su personal dependiente, con quienes aún mantiene una deuda devengada durante los meses de febrero y marzo, y que había asumido el compromiso de pagarla en los últimos días, el cual no cumplió en tiempo y forma y provocó que los choferes estuvieran a punto nuevamente de interrumpir la prestación del servicio”.
Para Ruiz, “esta no es una cuestión menor para la Municipalidad, ya que atendiendo las condiciones irregulares en que fue transferido el contrato de la concesionaria original ‘Transporte Línea Siete’ a la actual Monte Cristo SA, podría estar comprometida la responsabilidad de la Comuna por las deudas acumuladas por dichas empresas, ante la complacencia de la autoridad de aplicación”.
Si se determinara esto, “el cobro de las deudas salariales o indemnizaciones pertinentes de los empleados podría hacerse efectivo sobre los bienes afectados al servicio de transporte, en este caso los mismos colectivos”.
Enajenación
“Por otro lado, la medida compulsiva de inmovilización de los vehículos dentro del ejido de Río Gallegos hará posible que eventualmente, si la Municipalidad lo estima conveniente y oportuno, tome posesión de dichos colectivos e instalaciones para prestar el servicio en forma directa, conforme lo prevé el contrato de concesión del servicio, en el caso de incumplimiento grave de la empresa o abandono del servicio, como puede ocurrir en los próximos meses según los trascendidos”, señala Evaristo Ruiz.
Finalmente recuerda que “el Concejo Deliberante, en la primera sesión de este año del 03 de marzo, autorizó la declaración de la emergencia en el sistema de transporte público de la ciudad, habilitando al intendente a adoptar las medidas necesarias para salvar esta grave situación, aún ante la Justicia ordinaria, a fin de evitar perjuicios mayores a nuestros vecinos residentes en las áreas periféricas de la ciudad”.
(Fuente: La Opinión Austral.)
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