Eran explotadas en dos “bares” que fueron clausurados tras el operativo. Entre las mujeres, hay 9 que son argentinas, 4 de origen paraguayo y 3 dominicanas. Vivían hacinadas en pequeñas habitaciones, las cuales carecían de las condiciones mínimas de higiene. Les retenían sus documentos para evitar que las mismas escaparan. Hubo cinco personas detenidas.
La Policía Federal Argentina logró rescatar a 16 víctimas de explotación sexual y detuvo a 5 personas encargadas de la actividad. Posteriormente, dos inmuebles en los que funcionaban las prácticas fueron clausurados en la localidad de Las Heras.
Por orden del Juzgado Federal de Caleta Olivia, a cargo de la Dra. Marta Yáñez, Secretaría Penal del Dr. Miguel Biscardi, se dispusieron dos allanamientos en inmuebles en los cuales funcionaban locales comerciales del tipo “bar”.
En el primer caso fueron rescatadas 9 mujeres de nacionalidad argentina, todas ellas mayores de edad, siendo detenidos 3 hombres, también de origen argentino. Uno de ellos, de 64 años, resultó ser el dueño del lugar; el segundo, de 45 años, oficiaba de mozo, y el tercero, de 31 años, cumplía funciones como portero.
Extranjeras y hacinadas
En la segunda inspección, las mujeres que eran sometidas a realizar los trabajos sexuales resultaron ser 4 de origen paraguayo y 3 dominicanas, todas mayores de edad. Allí, los aprehendidos fueron una mujer de Paraguay de 28 años de edad, encargada del lugar, y un hombre de 25 años de origen dominicano, quien hacía las veces de portero.
En este último caso, se constató que efectivamente las víctimas vivían hacinadas en pequeñas habitaciones, las cuales carecían de las condiciones mínimas de higiene. La encargada les retenía sus documentos para evitar que las mismas escaparan, aprovechándose así de la vulnerabilidad en la que todas ellas se encontraban.
En ambos sitios se secuestró dinero en efectivo, documentación de habilitación comercial para el expendio de bebidas alcohólicas y libros con anotaciones de “pases”.
Finalizados los procedimientos y con la clausura efectiva de ambos locales, la juez determinó que todas las mujeres fuesen trasladadas al juzgado para que les fuese tomada la declaración indagatoria correspondiente. También los detenidos serán indagados.
Lucha nacional
La titular de la cartera de Seguridad, Patricia Bullrich, se expresó al respecto y dijo que “desde el Ministerio de Seguridad se está impulsando una lucha nacional y coordinada contra la explotación sexual, la cual incluye a las fuerzas federales, a la Justicia y a los responsables de garantizar que este tipo de delitos no permanezca impune”.
Asimismo, con respecto al eficaz trabajo desplegado por la Policía Federal, Bullrich afirmó que “es un orgullo contar con una Policía Federal profesional y de investigación que se dedica al combate de los delitos complejos y trabaja eficientemente con operatividad y conducta”.
Las actuaciones fueron desplegadas en forma conjunta por la División Trata de Personas “Area Interior” y la Delegación Comodoro Rivadavia de la Policía Federal, todo esto contando con la presencia de personal del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Trata en Puerto San Julián: mujeres “rotaban” en los cabarets
Durante ocho allanamientos realizados en cinco prostíbulos y tres domicilios ubicados en la ciudad de Puerto San Julián, fueron rescatadas 18 mujeres en situación de vulnerabilidad. Además, ocho personas fueron detenidas, entre ellas dueños y encargados de los boliches. Pero luego, tras ser indagadas, todas fueron excarceladas. El pedido había sido realizado por el fiscal federal subrogante de Caleta Olivia, Lucas Colla y la juez Marta Isabel Yáñez hizo lugar a la medida.
Cinco de las víctimas eran de nacionalidad argentina, oriundas de diferentes provincias, como Santa Fe, Misiones, Formosa y Buenos Aires; cuatro provenían de Paraguay; ocho de República Dominicana, y una de Brasil.
En el operativo, que se llevó a cabo durante la madrugada del 9 de julio pasado, además se incautaron libretas y cuadernos con anotaciones de pases, dinero en efectivo y documentación varia.
Tres días después, el 11 de julio, los detenidos fueron indagados e imputados por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual.
El caso
La causa se originó a través de una denuncia recibida en la línea 145, en la que se puso de manifiesto que en esa ciudad habría tres cabarets denominados “Grillo”, “Fénix” y “Pa y Pe”, donde eran explotadas sexualmente mujeres de diferentes países. A lo largo de nueve meses de investigación por parte de la Fiscalía, que contó con la colaboración de la Prefectura Naval Argentina de la ciudad de Puerto San Julián y con personal de la División de Trata de Personas de la Policía Federal Argentina, se determinó que ya existían causas previas vinculadas entre sí y por eso el fiscal solicitó acumularlas, debido a su conexidad.
La pesquisa arrojó como resultado que las víctimas eran obligadas a “rotar” entre los distintos locales de la zona, donde habrían ofrecido “copas”, y que existirían vínculos entre los dueños. Los denominados “pases” se concretaban en fincas aledañas y todo esto habría sido supervisado por parte de las propietarias de uno de los prostíbulos, consignó el sitio fiscales.gov.ar.
La juez Yáñez resolvió, el pasado 12 de julio, la excarcelación de los detenidos en la causa de trata. Los mismos se encontraban alojados en la delegación Comodoro Rivadavia de la Policía Federal, luego de los varios allanamientos en locales nocturnos y domicilios particulares.
Al recuperar su libertad, todos retornaron a Puerto San Julián, aunque deberán cumplir con una serie de medidas dispuestas por la magistrada, al menos hasta que se decida definitivamente su situación procesal.
Los sospechosos fueron trasladados a Caleta Olivia para presentarse frente a la juez, aunque pudo saberse que se negaron a declarar, siendo auspiciados dos de ellos por el abogado Marcelo Fernández y los restantes por el defensor oficial, Claudio Amarante.
Según indicaron fuentes confiables, la juez resolvió la excarcelación teniendo en cuenta que todos los imputados poseen arraigo en la zona (es decir, domicilio fijo, trabajo, familiares a cargo o casa propia), por lo que no habría peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación.
No obstante, deberán cumplir algunas medidas, entre ellas presentarse quincenalmente en la comisaría de Puerto San Julián, ya que en caso de no hacerlo serán declarados prófugos, ordenándose su detención.
A ello se suma que las siete mujeres y el único hombre, de entre 25 y 70 años, no contaban con antecedentes computables, aunque sí estuvieron procesados por similares delitos.
Por todo ello, la Justicia continuará con las investigaciones, tanto con los elementos incautados como con las declaraciones testimoniales de las víctimas, para definir la situación procesal de ellos e incluso determinar si habría o no más personas involucradas.
Mientras tanto, todos seguirán sujetos a la causa en la que se investiga el delito de posible trata de personas, pero deben analizarse las pruebas y testimonios de las víctimas.
Cabe mencionar que entre los detenidos hay un hombre peruano y mujeres oriundas de otras provincias del país. El hombre encabezaría la banda de esta presunta red de trata.
(Fuente: La Opinión Austral.)
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