Mediante un comunicado de prensa, el gremio de los docentes informo lo siguiente:
“La evaluación que se llevará a cabo el próximo 18 de octubre en todo el país a estudiantes de gestión pública y privada que cursen 6° grado de la primaria y los de 5° o 6° año de la secundaria y tomará una muestra representativa a alumnos de 3° grado de primaria y de 2° o 3° año del nivel secundaria, por el modo que está planteada, entendemos que buscará responsabilizar al docente del deterioro de las calidad educativa en el país y en Santa Cruz en particular.
Estas evaluaciones, que parten del orden nacional, llamativamente no reciben ningún tipo de críticas o cuestionamientos de los gobiernos provinciales, en Santa Cruz legitimado con la resolución 1859/CPE/2016. Esto, expone por un lado, una vez más, la ausencia cómplice de federalismo, al convertirse en aplicadores profesionales del corte y pegue en materia educativa, y por el otro, la farsa de una existencia de concepciones político-pedagógicas enfrentadas entre el Macrismo y el Kirchnerismo.
En estos exámenes estandarizados, en ninguna de las instancias de definición, han participado o han sido considerados las organizaciones gremiales nacionales ni provinciales. Es paradójico, que en nuestra provincia, el Consejo Provincial de Educación, debido al conflicto 2016, haya dejado sin efecto horas institucionales, actos escolares y todo aquello que no suceda en el espacio áulico, pero obedientemente no duda en suspender las actividades durante la jornada evaluativa. De este modo, se valida en Santa Cruz la uniformidad en su mejor expresión: misma evaluación, mismas preguntas, pensando a los alumnos en su aprendizaje de manera homogénea, desechando la idea de que en realidad no todos los alumnos aprenden de la misma manera ni al mismo tiempo, o que las realidades provinciales también son dispares, como, por ejemplo, la realidad santacruceña, que lleva décadas de desinversión, de pérdidas de clase por el déficit en infraestructura, conflictos con los trabajadores de la educación, etc.
Se deja de lado los condicionantes que afectan directamente sobre alumnos y docentes y determinan el proceso de enseñar y aprender. La uniformidad de exámenes, que contendrán entre 15 y 24 ítems, los cuales deberán ser respondidos en 60 minuto, a un promedio de 2 minutos por respuesta, hecho que coarta la capacidad reflexiva de quien “aprende”. Chicos de 8 años tendrán una hora de examen en matemáticas, 15 minutos para descansar y luego una hora de examen de lengua. No cuestionamos que existan evaluaciones, si cuestionamos sus métodos y objetivos.
Sin dudas, esta evaluación externa evidencia la clara concepción mercantilista de la educación. Entendemos que el objetivo de este proyecto es medir cuantitativamente la calidad, obtener un ranking y responsabilizar, de este modo, casi exclusivamente al docente y demostrar la ineficacia de la Educación Pública, todo esto bajo un contexto de complicidad entre nación y la provincia, no solo para ejecutar esta evaluación, sino también para aplicar planes nacionales como el FINES que precarizan el trabajo y degradan la educación de jóvenes y adultos. Aspectos estos que siguen confirmando la idea de que para los gobiernos patronales la educación se piensa como un servicio esencial y no como un derecho fundamental.
Por lo expuesto, el congreso de ADOSAC rechaza la implementación de este proyecto nacional con acuerdo con las provincias que intentan deslegitimar la labor docente con evaluaciones antipedagógicas y de un evidente carácter neoliberal que propenden a la destrucción de la Educación Pública, dejando en un estado de vulnerabilidad total y permanente, a los sectores más postergados.
Está claro que este oficialismo, el cual se ha perpetuado por más de 30 años en Santa Cruz, transformando la provincia en un feudo, proponiendo desde el discurso una política de confrontación con Mauricio Macri, es el mejor aliado del gobierno nacional en estas prácticas salvajes y sin consenso público ni docente, que están exclusivamente orientadas a mancillar el trabajo diario de los maestros, hacia la sociedad, sostienen un discurso de aparente oposición, demostrando en la práctica que es un mismo punto donde convergen sus verdaderos intereses y los une su propia naturaleza.
¿Qué debemos pensar los docentes de Santa Cruz, viendo que gobiernos de aparentes signos políticos distintos, comulgan con las mismas prácticas de achatamiento y destrucción de la Educación en la provincia y el país?. Viendo estas prácticas absurdas que intentan aplicar los gobiernos de turnos, podemos pensar que existe un plan sistemático para mantener a una sociedad aislada de las decisiones más importantes y para ello necesitan que la Educación se retrase y para conseguirlo, nada mejor que hacer como “que se hace”, pero es gatopardismo puro; una acción deliberada, planificada y llevada a cabo con el fin de postergar a la sociedad en vez de llevarla hacia un destino diferente.
Solo en este marco se puede entender la existencia de planes como “FINES” o el operativo “Aprender 2016”, verdaderas excusas, cortinas de humo institucionalizadas que buscan la postergación y no el avance o el perfeccionamiento de la docencia en el país. Artimañas pseudofederalistas concebidas para dividir y aquietar, no solo el conocimiento en el ámbito educativo, sino anular la lucha social y sindical, en la pelea por hacer surgir en este país una mejor Educación que solo se dará cuando se depure naturalmente la clase política provincial y nacional que nos viene perjudicando desde hace tantos años a los argentinos.
La lucha continúa…”
(Fuente: Prensa Adosac.)
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