Ayer hubo una reunión de urgencia en Casa de Gobierno convocada por la gobernadora por 328 despidos concretados. Advirtieron que las obras autorizadas por la Corte son suficientes para contener la mano de obra despedida. Habrá negociaciones en Buenos Aires con funcionarios del Gobierno Nacional y con la UTE para tratar de revertir los telegramas.
Por segundo año consecutivo el mes de enero se presenta como un mes agitado para la Gobernación santacruceña. En 2016 fue por la parálisis y despidos masivos de la empresa Austral Construcciones, este año, aunque en un número mucho menor, es la UTE que tiene a su cargo la construcción de las represas hidroeléctricas quien despidió a 328 de los 850 trabajadores que tenía en relación de dependencia.
Si bien la UTE no ha dado explicaciones oficiales por su decisión, dejó trascender que es debido a la incertidumbre que existe en torno a la fecha en la que se podrá reiniciar la obra madre, luego de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de suspenderla hasta tanto se aprueben los estudios de impacto ambiental que estarán culminados en marzo. Además de asegurar que la falta de remesas por parte del Gobierno Nacional para continuar con las obras civiles también conjugan en contra de poder mantener la mano de obra.
Fuentes de la UTE indicaron que desde la primera suspensión ocurrida en diciembre del 2015, la empresa sigue “con la misma dotación de empleados a la espera del arranque, tras la sentencia de la Corte y con los tiempos que se estiran se decidió quedar dimensionados para las tareas permitidas más la ampliación de estudios ambientales”.
Pero con la decisión de la Corte y la falta de remesas de pago a la UTE, pese a que el Gobierno Nacional recibió transferencias por un total de 300 millones de dólares para la obra por parte de China durante el 2016, la empresa decidió reducir el número de contratados, afirmando que irá “reincorporando personal de acuerdo a la curva de trabajos que se vayan realizando. La obra aún sin iniciar se comenzó a tornar compleja financieramente hablando”, afirmaron.
Cabe recordar que a la fecha, la Corte sólo autorizó trabajos vinculados a los estudios ambientales complementarios: estudios geotécnicos, villas temporarias, caminos, traslados de equipos. “Trabajos que irán tomando ritmo de forma paulatina”, aseguraron fuentes oficiales a Clarín, pero que para el Gobierno Provincial son suficientes para mantener la dotación original sin necesidad de hacer los recortes provocados.
La realidad es que hoy en territorio sólo se encuentran profesionales desde noviembre trabajando en los estudios complementarios ambientales. En función de los nuevos plazos, las represas que debían comenzar a generar más de 1.700 Mw en el 2020, se estima que recién podrán estar en marcha para 2022.
En tanto desde la UOCRA confirmaron 320 telegramas. El dirigente Mateos Suárez, con fuertes críticas al Gobierno de Mauricio Macri (al que trató de gorila), aseguró: “nos enteramos cuando a nuestros compañeros les llegaron los telegramas” (Ver página 4) y si bien otro dirigente del gremio habló de medidas de fuerza, como cortes sorpresivos en las rutas, e incluso el propio Gobierno Provincial se hizo eco de esa posibilidad, Suárez ayer por la tarde desmintió a La Opinión Austral que esto vaya a ocurrir por el momento, ya que siguen negociando con la UTE, con la cual mantuvieron un encuentro ayer mismo y se esperan nuevas reuniones ya acompañados de representantes del Gobierno Provincial.
Acciones concretas
Con este escenario planteado, ayer Alicia Kirchner convocó de urgencia a una reunión con funcionarios de su Gabinete a raíz de los despidos concretados por Represas Patagonia.
La situación fue analizada en el despacho gubernamental con la presencia del vicegobernador Pablo González, el ministro de Economía Juan Donnini, el ministro de Gobierno Fernando Basanta, el presidente del Instituto de Energía de la provincia Jaime Alvarez y el subsecretario Marcelo de la Torre, determinando la motorización de diversas acciones y reuniones en Buenos Aires, tanto con funcionarios nacionales de Energía, Interior como de la U.T.E. en conjunto con los representantes sindicales.
En ese sentido, el ministro de Gobierno Fernando Basanta aseguró que la gobernadora “coordinó las acciones entre las diversas áreas del gobierno que tienen injerencia en el tema, el Gobierno Provincial viene trabajando desde fin del año pasado buscando reactivar la obra de las represas sobre el río Santa Cruz, que significa nada más y nada menos que 5.000 puestos de trabajo”, recordó.
Sostuvo que como Gobierno “obviamente estamos en contra de todo lo que significa la pérdida de puestos de trabajo, creemos que la obra de realización de caminos de acceso y construcción de villas temporarias, que autoriza la Corte, puede ocupar la totalidad de la gente hasta tanto se habilite continuar con la obra civil”, advirtieron.
Razón por la cual “estamos viajando a Buenos Aires conjuntamente con el ministro de Economía para realizar gestiones ante el Ministerio del Interior y el Ministerio de Energía para lograr revertir la situación”, concluyó.
(Fuente: La Opinión Austral.)
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