La Cámara Baja le dio el visto bueno en general al proyecto que castiga a las empresas que cometen actos de corrupción con fuertes multas y prohibición de participar en licitaciones públicas. Pero debió postergar una semana el tratamiento en particular ya que no se logró acuerdo.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en general, el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que penaliza la corrupción empresaria contra la Administración Pública con fuertes multas y la prohibición de participar en licitaciones públicas, entre otras sanciones; aunque ante la falta de acuerdos debió postergar por una semana el tratamiento en particular.
La coalición Cambiemos, logró la aprobación con el apoyo del massismo, que, a cambió, consiguió el compromiso del oficialismo para que se consideren algunas de sus propuestas durante el tratamiento en particular.
A favor de la iniciativa votaron 131 diputados; en contra lo hicieron 63, en tanto que siete se abstuvieron.
Sin embargo, cuando los diputados abordaron el análisis artículo por artículo se encontraron con que había más objeciones que las previstas y que acordar un texto sería muy engorroso.
La determinación de interrumpir el proceso de tratamiento en particular se precipitó cuando el oficialismo perdió la votación del artículo 1, el que fija el objeto de la ley, en este caso los delitos alcanzados por la nueva norma.
Antes de aprobar en general el proyecto, el bloque Justicialista (BJ) había propuesto la vuelta a comisión del texto, moción que fue rechazada por 118 diputados (Cambiemos y Frente Renovador) y apoyada por 83 (BJ y Frente para la Victoria-PJ).
“Nos negaron la vuelta a Comisión y después del mamarracho de debate en el artículo 1 terminan aceptando un cuarto intermedio”, se lamentó el salteño Pablo Kosiner.
El pase a cuarto intermedio era un murmullo en el recinto, cuando la oficialista Elisa Carrió formalizó el pedido, que se votó a mano alzada sin mayores objeciones.
Cambiemos logró alcanzar el quórum reglamentario para abrir la sesión pasado el mediodía con el apoyo del massismo y del bloque justicialista, aunque hasta la media tarde se especuló con la posibilidad de que la misma se cayera antes de la votación por la falta de consensos.
El oficialismo logró juntar a los 129 legisladores para habilitar el debate sobre la corrupción, con los contados apoyos opositores y pese a la presión ejercida por el presidente del bloque kirchnerista, Héctor Recalde, para que se levante la deliberación al cumplirse el plazo de espera de media hora que establece el reglamento para reunir el quórum.
Ante el pedido del jefe del interbloque Cambiemos, Mario Negri, el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, decidió otorgar un nuevo plazo que luego se extendió tras un encendido discurso de la massista Graciela Camaño, que repudió la postura de Recalde.
“Nosotros hemos soportado hasta seis horas de espera cuando el kirchnerismo era oficialismo y quería sesionar, y ha cometido todo tipo de tropelías, y por eso ahora estamos pidiendo hacer un esfuerzo porque el tema a tratar así lo amerita”, agregó la legisladora.
La propuesta oficial de penalización a las empresas que participan de actos de corrupción, impulsada por el Poder Ejecutivo a instancias de un proyecto elaborado por la Oficina Anticorrupción (OA), apunta a dar a la Justicia nuevas herramientas para sancionar la corrupción empresaria contra la Administración Pública.
Contempla, entre otras cosas, introducir fuertes multas, que llegan incluso a la posibilidad de quitarle a la firma involucrada la posibilidad de seguir operando en el país.
El debate fue abierto por la presidenta de la comisión de Legislación Penal, la radical Gabriela Burgos, quien destacó: “Es la primera vez que se aprueba una ley para penalizar la corrupción empresarias” y aseveró que “acá no se le saca ninguna responsabilidad a aquellos que cometan actos de corrupción”.
La legisladora radical defendió el sistema de colaborador eficaz porque “queremos información sobre quienes son los responsables de la corrupción y los que permitieron que no tengamos agua potable, y donde están esos funcionarios que se llevaron la plata, solo sabemos de José López, pero hay muchos José López”.
Agregó que el dictamen mayoría “amplía la jurisdicción del Estado nacional para el juzgamiento de los funcionarios argentinos y de las personas jurídicas domiciliadas en territorio nacional en los casos específicos de sobornos a funcionarios nacionales y extranjeros”.
Desde el Frente Renovador, Mónica Litza dijo que “nosotros tenemos un dictamen y la voluntad de ir a fondo para que los empresarios y los funcionarios corruptos tengan un poco de temor a la ley” y agregó: “Queremos que no haya una ley para pobres y otras para ricos”.
Por su parte, el justicialista Jorge David dijo que “esta iniciativa es un avance pero hay muchos artículos que podrían haber sido modificados porque el sistema de penas no es propio del proceso penal” y por eso “nosotros proponemos devolver el dictamen a la comisión no para frizarlo sino para modificarlo”.
En tanto, la diputada del Gen Margarita Stolbizer dijo que “es un avance tener una norma que nos faltaba y era necesaria para cumplir con los compromisos que asumió Argentina cuando ratificó c la convención de Naciones Unidas contra la corrupción”, pero alertó que “no cubre las necesidades para un país con una corrupción sistemática”.
Por el PRO, el diputado Pablo Tonelli sostuvo: “La Ley no solo contempla la ampliación de la responsabilidad penal respecto de las personas jurídicas, sino que contempla la prevención en materia de delitos que pueden ser cometidos por personas jurídicas”.
“Se ha criticado el artículo 37, pero desde mi punto de vista ese artículo es claramente beneficioso. Se refiere a la posibilidad que personas jurídicas celebren acuerdos por hechos anteriores a la sanción de la presente ley”, dijo el macrista al defender uno de los artículos que promete fuertes cruces durante el debate en particular.
En nombre del Frente para la Victoria-PJ, la diputada nacional María Emilia Soria calificó al proyecto como “un ‘manual’ para las compañías que quieran sortear las penas”, y como “un salvoconducto para Odebrecht”.
“Es un descaro que bajo el pretexto de la lucha contra la corrupción tengamos que discutir un manual para que las empresas puedan sortear la aplicación de una sanción penal, siempre que hagan un acuerdo de colaboración eficaz o incorporen en su estructura un programa de integridad”, explicó.
El diputado salteño del Partido Obrero Pablo López denunció en el recinto que la ley impulsada por el oficialismo es “el régimen legal que necesita el gobierno para llegar a un acuerdo de impunidad con el máximo coimero de Latinoamérica, como es Odebrecht”.
Sobre el final del debate, la diputada nacional Graciela Camaño (del Frente Renovador-UNA) cuestionó el proyecto al afirmar que “es muy malo”, que “es nada más que para dar una noticia” y que difícilmente sea probado por el Senado.
“Esta ley es muy mala, a la OCDE (Organización Mundial de Comercio) no vamos a entrar con esta ley”, expresó la diputada en el recinto de la Cámara baja al cuestionar uno de los objetivos que llevaron al Poder Ejecutivo a promover este proyecto.
El dictamen de mayoría establece que podrá celebrarse un acuerdo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público Fiscal y la empresa que se comprometa a aportar “información o datos precisos, útiles, completos y comprobables para el esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus autores o partícipes y/o el recupero del producto o las ganancias del delito”.
El acuerdo podrá prever el saneamiento de los actos viciados por los hechos reconocidos y la extinción de acciones sancionatorias y administrativas previa intervención vinculante de la Procuración del Tesoro de la Nación o autoridad equivalente en otros poderes o en las jurisdicciones locales, que deberá pronunciarse en relación al interés público comprometido.
La celebración del acuerdo de colaboración eficaz “no implicará reconocimiento de responsabilidad por parte de la persona jurídica”.
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