Pidieron suspender la Audiencia Pública

El senador nacional Pino Solanas denunció por supuesto conflicto de intereses al Subsecretario de Energía Eléctrica de Nación, por integrar la empresa que realizó el Estudio de Impacto ambiental de la obra de las represas, y a la vez estar el frente del organismo a cargo de dicha obra. Solanas dijo que todo el trámite de EIA, inclusive la Audiencia Pública prevista para el 20 de julio.

El senador Fernando “Pino” Solanas manifestó que la Audiencia Pública por el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto hidroeléctrico sobre el Río Santa Cruz debe suspenderse o declararse nulo, frente a la denuncia que presentó ayer contra funcionarios del Gobierno Nacional.

La acusación alcanza al ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren; al subsecretario de Energía Hidroeléctrica de la Nación, Jorge Hugo Marcolini, y a la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso.

Solanas los denunció por abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, en el marco del proyecto de las represas en Santa Cruz.

En la denuncia Solanas y Enrique Viale (precandidatos a Senador por Buenos Aires y diputado por CABA, respectivamente) señala que Marcolini es actualmente subsecretario de Energía Hidroeléctrica y, al mismo tiempo, presidente de la Empresa de capitales estatales EBISA, que estuvo a cargo de la revisión del proyecto de las represas

Solanas indicó que el funcionario se auto-adjudicó el control del proyecto, que además tuvo como responsable de realizar el informe ambiental de la obra a la compañía IATASA, de la que Marcolini era también director.

“Como Subsecretario de Energía Hidroeléctrica es el que tiene que examinar el EIA, pero ese estudio lo hizo él. Esto es una tomadura de pelo. Nadie puede examinarse a sí mismo”, dijo Solanas en entrevista con FM Dimensión.

El legislador nacional enfatizó que la Audiencia Pública prevista para el 20 de julio próximo, debería suspenderse. “Hemos presentado el pedido ante el juez que declare todo esto nulo de nulidad absoluta”, manifestó en el programa Radio Activa.

Solanas criticó la convocatoria a Audiencia Pública y la comparó con la que se realizó para tratar el tema del tarifazo al gas natural. “Hablaron más de 300 técnicos, especialistas y personas con distintos cuestionamientos, pero a nadie le contestaron. Fue una operación de maquillaje comunicacional”, dijo.
Contenido de la denuncia

De acuerdo a la presentación de Solanas y Viale -, la primera aparición de Marcolini en esta trama fue como jefe del Departamento de Ingeniería Sanitaria de la consultora IATASA, que tuvo a cargo el estudio de impacto de ambiental del viejo diseño de las represas, que luego fue reacondicionado para ser -supuestamente- más amigable con el medio ambiente.

Según su perfil de LinkedIn, todavía sigue trabajando en la empresa, aunque es posible que no lo haya actualizado. Incluso, tendría $657.017,53 en acciones de IATASA (además de otras empresas con conflictos de intereses con el Ministerio de Energía). Eso sí: su currículum oficial no menciona su paso por la consultora.

El 10 de diciembre de 2015, Marcolini asumió como subsecretario de Energía Hidroeléctrica. Y desde allí, el 27 de enero de 2016 fue designado director titular de Emprendimientos Energéticos Binacionales SA (EBISA), la empresa encargada de presentar el nuevo estudio de impacto ambiental. Se trata de una sociedad anónima de capital estatal. El 99% de sus acciones pertenecen al Ministerio de Energía y el resto, a Nucleoeléctrica Argentina SA, la compañía que produce y comercializa la energía generada por las tres centrales nucleares del país. El nombramiento de Marcolini de EBISA fue ratificado el 19 de agosto de 2016 en el Boletín Oficial.

En tanto, los denunciantes acusan a Aranguren por haber puesto en funciones al subsecretario de Energía Hidroeléctrica y por permitir que continuara la obra.

Asimismo, sostienen que Alonso “tiene cajoneada” en la OA desde noviembre del año pasado una denuncia de diversas ONGs por presunto conflicto de intereses por este proyecto.

(Fuente: Ahora Calafate.)