Es a través de una iniciativa presentada por la bancada mayoritaria en la Legislatura Provincial. Se trata de la unificación de cuatro convenios colectivos de trabajo que rigen para los trabajadores mineros, ferroviarios, técnicos y administrativos en la empresa estatal, bajo la propuesta de una “Nueva YCRT”. Denunciaron avasallamiento de derechos laborales.
Esta tarde, los diputados del Frente para la Victoria – Partido Justicialista, presentaron un Proyecto de Resolución para acompañar a “la Intersindical y a la Asamblea Comunitaria, en el rechazo al nuevo Convenio Colectivo de Trabajo propuesto unilateralmente por la Intervención de YCRT, a cargo de Omar Zeidán y el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, encabezado por Juan José Aranguren”.
Se trata de la reestructuración que pretende llevar adelante la Intervención, “impuesta de manera unilateral, buscando avasallar conquistas y derechos de cientos de trabajadores, con su formación y oficios específicos, en el marco del brutal ajuste, despidos, extorsión para aceptar retiros voluntarios y flexibilización laboral que está llevando adelante el Gobierno Nacional”, unificando “a todos los trabajadores en un sólo CCT, preparando un marco de discrecionalidad que vulnera los derechos laborales”.
A su vez, los diputados Matías Mazú, Darío Menna, Miryam Alonso, Oscar Lemes y Jorge Arabel, sostienen que “esta atribución que se otorga el empleador, permitirá en este caso modificar las condiciones esenciales del contrato de trabajo, al autorizar los cambios de tareas y funciones, sin importar el perjuicio que se pueda causar con esto al trabajador y la repercusión que tenga en el resto de las condiciones laborales existentes, como son la jornada de trabajo y la remuneración mensual que percibirá en esos casos en los que se produzca la ‘polivalencia’: donde la empresa podrá mover a los trabajadores de funciones, según ‘las necesidades’ de la compañía”.
“Es evidente que la descripción incluida en el convenio” que fue presentado el pasado 14 marzo “es una muestra clara de la política regresiva que se busca aplicar en la empresa, reduciéndola a la mínima expresión posible, con el claro objetivo final de su privatización”, manifiestan en su fundamentación, a la que vez que denuncian que “a partir de los 500 despidos, de la aceptación bajo extorsión de los retiros voluntarios y a la amenaza de cierre del yacimiento al 31 de marzo del corriente año, se suma esta reestructuración y un nuevo CCT, poniendo de manifiesto que la única variable de ajuste para este Gobierno Nacional son los derechos de los trabajadores, con la pérdida de sus puestos de trabajo, y la negociación a la baja de cada uno de sus derechos laborales”, concluyen.
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