Ajuste, protestas y represión en Chubut

La provincia está paralizada por los paros, las tomas y los cortes de ruta, mientras el gobierno de Arcioni responde con represión e insiste con recortar la inversión pública y aplicar por decreto paritarias a la baja.

La protesta de los trabajadores estatales de Chubut cumplió 100 días. Los docentes y otros empleados públicos fueron reprimidos el martes pasado cuando reclamaban aumentos salariales. El Estado está paralizado por los paros, las ocupaciones de edificios públicos y los cortes de ruta. El gobierno provincial se empecina en aplicar un ajuste brutal, con paritarias a la baja y por decreto; mientras intenta esquivar denuncias de corrupción, hace seguidismo político del macrismo y oculta parte de su superávit primario.

Chubut es la principal productora de petróleo del país, concentra la producción de aluminio nacional y tiene enormes potencialidades para generar energía eólica, pero el desmanejo de la clase dirigente la ha transformado en una provincia quebrada y con un endeudamiento que representa casi el 90 por ciento de sus ingresos corrientes.

La administración del gobernador Mariano Arcioni (sucesor del fallecido mandatario Mario Das Neves) trata obstinadamente de resolver la crisis económica a través de la aplicación de un ajuste brutal, que sirve como anticipo para dimensionar los alcances del recorte del gasto público que se propone instrumentar el presidente Mauricio Macri con el FMI y su consecuente altísimo nivel de conflictividad social.

Pese a que los voceros del gobierno repiten incansablemente que “no hay fondos” para aumentar los salarios de los empleados públicos y que “la única solución es el ajuste”, en el primer trimestre del año las cuentas públicas arrojaron un superávit de 1400 millones de pesos en el marco de una mejora de los ingresos por regalías petroleras como consecuencia de la suba del precio del petróleo y el dólar.

Los resultados superavitarios no son reconocidos oficialmente y se aplica un ajuste que afecta el salario de los empleados públicos, a quienes además se les abonan los sueldos de manera escalonada en tres tramos (hasta 30 mil pesos los días 10, hasta 50 mil los días 15 y más de 50 mil los 20 de cada mes).

En las últimas jornadas, la discusión paritaria con los docentes estaba empantanada en una diferencia de 300 pesos y el gobierno provincial advirtió que aplicaría una suba salarial por decreto.

En paralelo, el gobierno de Macri asistió en lo que va del año a Chubut con 2100 millones de pesos, que desde agosto del año pasado totalizan 3950 millones de pesos. La provincia gestionó ante Nación fondos para afrontar el pago de los aguinaldos, pero la posible negativa del gobierno de Cambiemos habría desatado la amenaza del gobernador Arcioni de defaultear la deuda chubutense. Finalmente, habrían acordado el envío de los 800 millones de pesos necesarios y el 5 de julio se concretaría el depósito para los estatales chubutenses.

Frente al principal ajuste que se viene desarrollando en la Patagonia, que funciona como ensayo general del que se busca realizar en el conjunto del país, la respuesta de los trabajadores estatales desató un largo conflicto que lleva más de tres meses con acciones de protesta para enfrentar el recorte salarial, los despidos y el achicamiento del gasto público.

Al estilo FMI
Pocos meses antes de lo que terminó siendo el acuerdo entre Mauricio Macri y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el ex vicegobernador Arcioni asumió en Chubut con las cuentas en rojo y hundido en un feroz endeudamiento. El flamante mandatario se propuso concretar un fuerte ajuste del gasto, apuntando directamente a los empleados públicos y basándose en la premisa de “paritaria cero”.

Los principales ejes del recorte de los gastos públicos se focalizaron en mantener por debajo de las subas inflacionarias la masa salarial estatal (con un aumento de solamente el 6,6 por ciento del gasto en salarios en 2018 y del 5 por ciento en 2019) y en reducir un 2,8 por ciento el envío de fondos a los municipios chubutenses. Así lo informó la consultora Fix Scr, que fue hasta la semana pasada la calificadora de los bonos y títulos públicos emitidos por la provincia.

Para contener la expansión del gasto provincial, Arcioni firmó entre finales del año pasado y principios del actual los decretos 1338/2017 y 170/2018, buscando mantener nominalmente constante el gasto en personal en 2018 en relación con 2017. Adicionalmente, intenta instrumentar los Títulos de Cancelación de Deuda Provincial (Ticadep), un bono con el que piensa cancelar a futuro las deudas generadas con los proveedores de la administración pública.

Fix Scr reveló que ambos decretos son los pilares esenciales del ajuste provincial y que la gestión de Arcioni pretende “un fuerte control en la contratación de bienes y servicios, la privatización de los servicios de reconocimiento médico, congelamiento salarial y reducción de la planta política del Poder Ejecutivo, jubilaciones a empleados en condiciones de acceder al beneficio y un plan de jubilaciones anticipadas para aquellos a los que les restan tres años o menos. Asimismo determina un congelamiento de la planta de personal, eliminación de horas extra, horas cátedra, horas guardia, un programa de retiros voluntarios y fijar incrementos salariales en base a pautas de productividad”.

Palos como respuesta
La represión a docentes y estatales llegó en la noche del pasado martes, cuando efectivos policiales de Infantería despejaron por la fuerza a manifestantes docentes –en su mayoría mujeres– que reclamaban un aumento salarial en las afueras de la Casa de Gobierno, ubicada en Rawson.

La repercusión nacional no se hizo esperar y la Ctera anunció un paro en todo el país para mañana, argumentando que “la represión es el límite”. Al repudio se sumaron el triunvirato de la CGT nacional, la Corriente Federal, el dirigente camionero Pablo Moyano y los partidos del Frente de Izquierda.

El ministro provincial de Gobierno, Federico Massoni, argumentó que los docentes tenían “sitiada” la Casa de Gobierno y que los funcionarios eran “agredidos verbal y físicamente” cuando salían de Fontana 50. Justificando el accionar policial, aseveró: “Lo que se está buscando acá no es solamente la mejora salarial de los docentes y de todos los empleados del Estado. Acá se está buscando otro tipo de cuestión que está vinculada con lo político institucional y lo que buscan es que este gobierno se caiga”.

El dasnevismo tiene una historia vinculada a la represión de las manifestaciones estatales en Chubut. En 2005, en medio de otra larguísima huelga docente, el entonces gobernador Das Neves también dio orden de reprimir a las maestras llegadas a Rawson desde diferentes puntos de la provincia para reclamar un incremento salarial.

En aquella ocasión los docentes fueron golpeados, corridos y literalmente cazados por las calles de la capital chubutense, hasta que finalmente el personal policial acompañó a los micros por la Ruta Nacional 3 para garantizar que los manifestantes abandonaran la región.

La actual gestión provincial de Arcioni –con antecedentes en la de Das Neves– ha mantenido una estrecha colaboración con el macrismo y la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich. Desde finales del año pasado se acopló a la formación del Comando Unificado Patagónico de la Gendarmería –con 800 uniformados– para “combatir” a la Resistencia Ancestral Mapuche (la RAM, cuya existencia no está probada) en la zona cordillerana y la conflictividad social en toda la región patagónica. A fines de mayo pasado, Arcioni y Bullrich pusieron en marcha la construcción de una nueva base de gendarmes en la neurálgica zona petrolera de Comodoro Rivadavia.

Pagos escalonados
El origen de la convulsionada conflictividad de Chubut fue la imposición gubernamental del pago escalonado en tramos para los salarios estatales y el intento de avanzar en el ajuste a través de los recortes de fondos públicos y las “paritarias cero”.

El principal argumento del gobierno de Arcioni y sus funcionarios del área económica fue la ausencia de fondos para pagar los salarios en tiempo y forma, y la ausencia de ingresos suficientes para aumentar los sueldos.

Desde principios de año, Arcioni buscó evitar las negociaciones paritarias, pero la presión de los estatales –encabezados por los docentes comodorenses que marcharon en abril al gigantesco yacimiento petrolero de Cerro Dragón– lo fue obligando a abandonar su plan original. Primero ofertó discutir salarios en octubre y luego terminó cediendo paritarias a la baja.

Las últimas negociaciones salariales estatales se concretaron en el segundo trimestre de 2017. Todas contenían la cláusula gatillo de recomposición inflacionaria, aunque ninguna se ajustó como se había acordado. Con una inflación patagónica interanual medida por el Indec en torno al 26 por ciento –durante abril pasado–, los estatales chubutenses perdieron como mínimo un 9 por ciento.

Frente a las protestas que fueron creciendo con el paso de los meses y que ya llevan 100 días, el gobernador tuvo que ir modificando su política de ajuste. Primero ofreció un “bono excepcional” de 3 mil pesos en tres cuotas para quienes cobraban menos de 30 mil pesos y la suba del básico a 11.500 pesos para los ingresantes. Luego pasó a una propuesta de mil pesos para todos los empleados públicos.

Tras darse a conocer que el Estado provincial tuvo un superávit de 1400 millones de pesos en el primer trimestre del año y que en el cuatrimestre llegaría a los 1600 millones, el gobierno se vio obligado a reabrir las paritarias y modificar sus ofertas salariales en función de que la protesta se extendía, en medio de un crudo invierno, a las principales ciudades de la provincia.

Arrancó la última semana de junio ofertando un aumento de 300 pesos remunerativos y un bono de 1500 pesos; luego pasó a 750 pesos de incremento salarial más el bono; subió a 750 pesos y el bono; hasta que finalmente cerró con una parte de los gremios estatales (ATE, ATSA, UPCN y Soyeap) un incremento de 1100 pesos, revisable trimestralmente y una suma extra de 1500 pesos.

Los gremios docentes se desacoplaron del resto de los estatales y mantuvieron las protestas que obligaron a la gestión de Arcioni a modificar sus ofrecimientos. El último consistió en un aumento de 1200 pesos con revisión trimestral, el no descuento de los días de paro y un bono no bonificable de 1500 pesos.

Los trabajadores de la educación rechazaron la oferta –siempre a través de asambleas con consultas a las bases– que significa una suba del 14 por ciento al básico de 8400 pesos que percibe el docente inicial, y reclamaron una suba de 1500 pesos. El gobierno dio por cerradas las negociaciones y decidió decretar el último incremento ofertado.

En el borde
Sin un liderazgo político fuerte que encamine la crisis económica y social, Chubut es una provincia poderosa en recursos naturales y potencialidades productivas que se encuentra hundida desde hace siete años en el déficit primario de las cuentas públicas.

Al conflicto con los empleados públicos que paraliza casi totalmente el funcionamiento del Estado se suman tres causas judiciales por corrupción (denominadas Embrujo, Revelación y Emergencia Climática) que involucran a destacados funcionarios de la gestión provincial que comenzó en 2015 por supuestos actos de defraudación al erario público que superarían los 800 millones de pesos. Las causas se vinculan a sobreprecios y compras para la atención de la emergencia climática que sacudió a Comodoro Rivadavia en abril del año pasado.

Das Neves y Arcioni habían asumido en 2015 como candidatos del partido provincial Chubut Somos Todos, un desprendimiento del peronismo con el que Das Neves supo sumarse a las huestes de Eduardo Duhalde en la década pasada y luego formó parte del Frente Renovador de Sergio Massa.

Tras la muerte de quien gobernó por tres mandatos, su vice Arcioni se hizo cargo con una política de seguidismo al macrismo, hundiéndose en constantes cambios de gabinete y con una carencia de alianzas políticas sustentables. Hoy Cambiemos y los fondos nacionales son el único sostén de Arcioni y su plan de ajuste.

Desde la oposición encabezada por el FpV-PJ acorralan al gobierno con su mayoría legislativa provincial, tomando como propio un proyecto de ley elaborado por los integrantes gremiales de la Mesa de Unidad Sindical, que busca incrementar por 18 meses los impuestos provinciales (regalías, ingresos brutos, impuesto rural, a la energía eólica, etc.) para garantizar el funcionamiento del Estado y pago a los empleados públicos.

Mientras formula constantes denuncias de “desestabilización”, el ex dasnevismo se encuentra acorralado por los conflictos estatales, las denuncias por corrupción y una profunda debilidad política que lo hace tambalear y pone a la actual administración al borde de la caída –desde Nación agitan la posibilidad de una intervención federal que en realidad requiere la aprobación del Senado nacional–. Un antecedente sombrío es la renuncia del gobernador justicialista Néstor Perl, presionado entonces por el gobierno nacional de Carlos Menem.

El telón de fondo de la crisis de Chubut puede verse como un ensayo del ajuste de un gobierno debilitado por la conflictividad social, una oposición peronista dividida y un macrismo que sostiene al oficialismo con la lógica del tubo de oxígeno, mientras busca un candidato con chances de ganar en 2019.

Como complemento, Cambiemos presiona para que Arcioni le abra las puertas a la minería, prohibida en Chubut.

Una provincia rica en recursos naturales pero jaqueada por la crisis y que se hunde en el recorte de gastos como única salida.

(Fuente: Pagina 12.)