La Justicia porteña prohibió la aplicación del nuevo protocolo de seguridad que presentó la ministra Patricia Bullrich, que flexibiliza y amplia el uso de las armas de fuego por parte de los agentes de las fuerzas de seguridad autorizándolos a disparar hasta por la espalda y sin dar la voz de alto. En respuesta a dos amparos que plantearon la nulidad del nuevo reglamento, el juez porteño Roberto Gallardo dictó una medida cautelar que decreta la inconstitucionalidad de la resolución dictada por Bullrich y prohíbe su aplicación en el ámbito de la Ciudad.

La medida del juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño hizo lugar a un pedido realizado por la diputada porteña Myriam Bregman, presidenta de la Comisión contra la Violencia Institucional en la Legislatura de la Ciudad, junto con la abogada María del Carmen Verdú, titular de la Coordinadora contra la Violencia Policial e Institucional (Correpi) y Carla Lacorte, víctima y sobreviviente de un caso de gatillo fácil.

El juez Gallardo hizo lugar a la medida y decretó la inconstitucionalidad del nuevo protocolo. También declaró su inaplicabilidad en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires y le ordenó al gobierno porteño que se abstenga de adherir al reglamento. Ayer, Horacio Rodríguez Larreta había anticipado que la fuerza porteña, que estaba bajo la conducción de Martín Ocampo hasta el frustrado operativo de seguridad ante el partido de Boca-River, iba a incorporar los nuevos lineamientos de Bullrich ya que eso beneficiaría el trabajo en equipo de ambas fuerzas.

De acuerdo a la interpretación del juez, la resolución de Bullrich representa una respuesta “espasmódica, chapucera y demagógica a imaginarias o reales demandas sociales de seguridad” que trae como resultado un conjunto de reglas “transcriptas mecánicamente de normas internacionales”. Para Gallardo, esta nueva doctrina de mano dura, lejos de aumentar la seguridad, “somete a los habitantes a riesgos adicionales”.

“Esta resolución llega después de días críticos; el intento de cerrar la causa de Santiago Maldonado como mensaje de impunidad, el asesinato brutal de Rodolfo Orellana de CTEP en La Matanza, y la represión a conflictos gremiales como SIAM”, sostuvo Bregman.

El de Bregman no fue el único amparo que solicitó la nulidad de la resolución 956/2018 publicada el lunes en el Boletín Oficial. La agrupación de abogados Nace un derecho también presentó una medida urgente para que la Justicia se expidiera sobre el nuevo reglamento alegando que el protocolo vulnera la autonomía porteña, que tiene su propia ley de Seguridad, y lesiona los derechos “bajo el método de la represión y una política de exclusión”.