La Cámara de Diputados sancionó la reforma del Código Procesal Penal

La Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma del Código Procesal Penal, sancionado en 2014 a través de la Ley 27.063, pero frenado en su implementación por un decreto del presidente Mauricio Macri a pocos días de haber asumido.El proyecto recibió 134 votos afirmativos, 55 negativos -del Frente para la Victoria, Red por Argentina y la izquierda- y cuatro abstenciones del bloque Unidad Justicialista. Se trata de ensamblar doce leyes aprobadas durante los últimos años por el Congreso al cuerpo normativo.

Entre las normas que ahora serán armonizadas al CPP se encuentran la Ley de Flagrancia; la nueva ley de Ejecución de la Pena; la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas; la Ley del Arrepentido; la Ley de Técnicas Especiales de Investigación para los delitos complejos; y la Ley de Protección de Víctimas del Delito.

La iniciativa fue presentada por el senador salteño Rodolfo Urtubey (Justicialista), presidente de la bicameral encargada de controlar la implementación del Código. En dicha comisión se debatieron las modificaciones con el aporte de jueces y fiscales federales.

Durante el debate en la sesión extraordinaria de este jueves, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR), destacó que “estamos cambiando un régimen inquisitivo por un régimen acusatorio”, un requisito para el ingreso de la Argentina a la OCDE.

La radical recordó que cuando Macri tomó la decisión de frenar la implementación del Código fue “porque no estaban puestas las condiciones necesarias” y “era totalmente incompleto en algunas cosas”. En cambio, dijo que con la nueva redacción “se transparenta la agilidad y la rapidez respecto a las garantías” y “comprende todos los delitos federales”.

En contra de la iniciativa, el kirchnerista Martín Doñate consideró que este nuevo CPP “no es más que parte de la construcción de la ingeniería judicial de persecución política”. Además criticó que se hagan reformas a un Código que está suspendido.

“Este proyecto es original del senador Urtubey pero sabemos que viene de un acuerdo con el presidente Macri y el oficialismo en el Senado”, apuntó y opinó que la nueva norma “reduce las garantías de los ciudadanos, sin que esto implique necesariamente una mayor eficacia en la persecución del delito; evidencia una distorsión del sistema acusatorio; y hay una clara afectación al funcionamiento del Ministerio Público Fiscal”.

Por su parte, la jefa del bloque massista, Graciela Camaño, recordó que el Código se sancionó en 2014 “con mayoría automática y en un tiempo récord en dos semanas”. “Fue a las apuradas, a las cachetadas, sin consenso”, agregó y calificó como una decisión “en cierto modo inteligente” suspender su aplicación. Pero la diputada remarcó que el oficialismo puso “a andar la bicameral, y en algunas cosas estoy de acuerdo, pero la verdad es que metieron la mano”.

“Mucho me temo que lo que refiere la Constitución Nacional respecto al principio de inocencia nosotros estemos cometiendo algún tipo de abuso legislativo”, advirtió. Además, coincidió con Doñate en cierta intención de “satisfacer la mirada desde la corporación judicial”. En este sentido, explicó que “(el sistema) deja de ser acusatorio si nosotros permitimos que en el juicio oral el juez pueda intervenir, de la manera en que está redactado el proyecto”.

Según la ley, “los jueces no podrán formular preguntas directas” sin embargo sí “podrán pedir aclaraciones cuando no hayan comprendido lo expresado por el declarante”. “Ojo con esto que estamos haciendo de permitir que se formulen preguntas aclaratorias”, sostuvo Camaño, aunque garantizó su apoyo a la reforma.

A su turno, el cordobés Juan Brügge enfatizó que “la falta de gradualidad en la implementación de este sistema es lo primero que nos hace ruido”. “Por supuesto que el sistema acusatorio tiene ventajas, celeridad, visibilidad, transparencia, igualdad entre las partes”, aseguró pero insistió que “si bien hacemos un avance importantísimo en el cambio de paradigma del cambio inquisitivo al acusatorio, tenemos serias dudas de que ante la falta de gradualismo no se pueda implementar o haya excesos”.

Otro de los oradores fue el jefe del interbloque Argentina Federal, Pablo Kosiner, quien afirmó que se trata de “un avance en el sistema procesal penal argentino” porque la sociedad “demanda que la justicia dé una respuesta rápida y efectiva”. “En esta ley hay una gran parte de contenido que no tiene que ver con la creación de grandes figuras, sino con un proceso de adecuación de normas; con finalizar una tarea de ensamble y compaginación”, señaló.

(Fuente: La Opinión Austral.)