Las mujeres del Estado tendrán licencia por violencia de género

La Comisión de Género de la Legislatura dio ayer despacho al proyecto para crear la licencia por violencia de género para trabajadoras de los tres poderes del Estado Provincial. Sería aprobada en la próxima sesión y su puesta en vigencia será el día posterior a su promulgación.

La Comisión de Género de la Cámara de Diputados definió ayer, de manera unánime, dar despacho favorable a la Licencia por Violencia de Género para las trabajadoras de la administración pública. El proyecto final surge de dos iniciativas presentadas el año pasado, por un lado la 533 de la diputada Gabriela Peralta y por otro la 053 de Javier Flores, Carlos Santi, José Bodlovic y Claudio Barría. Sin embargo, las modificaciones de la Comisión fueron sustanciales, sumando entre otras cosas, que los municipios adhieran.

Si bien la “Licencia Laboral Especial por Violencia de Género” no va a ser tratada en la jornada de hoy, son altas las chances de que se apruebe sin más trámite en la sesión que viene.

La licencia estará destinada para todas las trabajadoras del ámbito público que sean víctimas de situaciones de violencia ejercidas por un varón, en cualquier ámbito, y que afecten su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, económica, entre otras comprendidas en la ley nacional Nº 26.485 a la que Santa Cruz adhirió con la Nº 3.201.

El proyecto pide que se la incorpore a las negociaciones paritarias a través de los convenios colectivos, de los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo, porque aquella mujer que sufra violencia de género va a poder reducir su jornada, reordenando el tiempo de trabajo, justificar inasistencias o faltas de puntualidad, mediante la acreditación de su situación.

Además, la licencia tiene una duración de un mes con días corridos continuos o discontinuos, en los que no va a sufrir recortes de sueldo y va a percibir los aumentos que se acuerden.

Pero, además, para acceder a la licencia sólo hará falta una “comunicación fehaciente” de la trabajadora al área donde presta servicios, donde le van a dar dos días para que presente certificado emitido por cualquier organismo judicial, policial o administrativo al que hubiera acudido.

El proyecto también habla de cómo los lugares de trabajo deberán ocuparse de cuidar el derecho a la intimidad de las trabajadoras (serán actuaciones de carácter reservado) que se solicitan esta licencia, pero además los compromete a llevar adelante “medidas de acompañamiento, seguimiento y abordaje integral a través de los organismos competentes”.

Los últimos dos artículos establecen que la ley entra en vigencia inmediatamente después de su promulgación y la invitación a los municipios para que adhieran.