La ministra de Seguridad de la Nación se reunió con científicos del Conicet, referentes de la organización Mamá Cultiva, médicos y una diputada del Frente de Todos. Se presentó un plan para mejorar por decreto la reglamentación de la ley 27.350.
La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, se reunió el último lunes con referentes del uso medicinal del cannabis con el fin de modificar la reglamentación de la ley 27.350 y propiciar un acceso más justo a la sustancia, con un registro de cultivadores y la venta de aceite en farmacias incluidas.
El encuentro surgió tras un pedido de la diputada entrerriana Carolina Gaillard, quien durante 2016 fue activa participante en la discusión de la ley, la organización Mamá Cultiva y una red de científicos del Conicet que trabaja con cannabis, señaló Infobae.
Este grupo formó una mesa de trabajo para mejorar, o hacer de nuevo, la reglamentación aplicada en septiembre de 2017, y con esa propuesta llegaron a la ministra, quien desde el momento de su asunción trabaja con el aval del presidente Alberto Fernández para propiciar la regulación de la marihuana.
La mesa que abrió Frederic en su despacho incluyó a la presidenta del Conicet, Ana María Franchi, a Valeria Salech, presidenta de Mamá Cultiva, Marcelo Morante, médico especialista en cannabis, actualmente funcionario del Ministerio de Salud, entre otros.
Como paso previo a la regulación total del cannabis y otras sustancias, los referentes propusieron a la funcionaria que se reglamente nuevamente la ley 27.350, y que incluya el autocultivo, o cultivo doméstico de cannabis para la salud. “Nosotras sabemos que esta es la manera de garantizar sostenibilidad y calidad en los tratamientos mientras se capacita y forma a quienes desde el Estado tendrán la función de cumplir y hacer cumplir la ley”, comentó Valeria Salech, en referencia a equipos de salud, fuerzas de seguridad, integrantes del Poder Judicial, entre otros.
Además del autocultivo, la propuesta incluye la producción en laboratorios públicos, el acceso pleno al tratamiento con la sustancia, que el aceite pueda retirarse en las farmacias, nuevos desarrollos de investigación, tanto en Conicet como en INTA, y la posibilidad de usar semillas nacionales.
“Esta reunión forma parte de los encuentros que estamos llevando a cabo desde el Ministerio de Seguridad, junto con legisladores, agencias del Estado y referentes de distintas organizaciones. Hemos dialogado para analizar posibles cambios en la ley sobre autocultivo de cannabis para uso medicinal”, aseguró Frederic, quien dos semanas atrás se juntó con los integrantes del Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis, que nuclea a más de 40 organizaciones de todo el país, entre cannábicas, de Derechos Humanos, Sociales y Violencia Institucional, entre otras.
“Buscamos que el uso de cannabis sea para todas las patologías que prescriba el médico, creemos que es para todas, no solo para la epilepsia refractaria. Hay que reglamentar bien el artículo 8, que es el del registro de cultivadores hogareños, para que el Ministerio de Salud autorice al paciente que presente historia clínica y prescripción y pueda tener sus plantas, y el acceso vía farmacias. También que el Conicet pueda investigar ampliamente con cultivos experimentales que no requieran, como pretende la ley actual, el control de Seguridad”, comentó a Infobae Gaillard, quien fue concreta: “Queremos un Estado que ayude a las personas y no las reprima, por eso estamos con mucha expectativa”.
Además, dentro del proyecto de la nueva reglamentación, la mesa de trabajo busca que se incluyan convenios con universidades y organizaciones no gubernamentales que aporten conocimientos y sus propios cultivos, igual que con los cultivadores solidarios, actualmente marginados y perseguidos por la ley de drogas 23.737.
Actualmente, la ley de uso medicinal del cannabis sólo permite el tratamiento a pacientes con epilepsia refractaria, quienes, dentro del universo total de usuarios terapéuticos de cannabis son una minoría. Además, el trámite para hacerse del aceite es engorroso; se necesita completar un formulario online y esperar la autorización de ANMAT para que, de manera personal, o vía obra social, se autorice la importación. Y, tras la devaluación del peso, acceder a un aceite importado se hace prácticamente imposible, ya que traerlo al país cuesta arriba de 400 dólares.
El Estado argentino, de momento, no produce ni importa cannabis y no permite el autocultivo, por el cual una persona puede ir presa y recibir una condena de hasta 15 años.
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