Bolsonaro busca evitar un posible juicio político

Frente a las tensiones surgidas a raíz de la pandemia de coronavirus, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, logró concretar una alianza parlamentaria con sus antiguos aliados de la llamada “vieja política”, un concepto al que combatió en la campaña para las elecciones que ganó en 2018 y que le servirá, a cambio de cargos en el Poder Ejecutivo, como un dique contra un posible proceso de juicio político.

Con su base política destruida en 15 meses de gobierno por luchas internas entre los personajes del Congreso de la extrema derecha electos en 2018, Bolsonaro fue a lo seguro detrás de un número mágico, el 172.

Son 172 votos que se necesitan en la Cámara de Diputados para rechazar una votación sobre juicio político, en caso de que así lo decida el presidente del cuerpo, Rodrigo Maia, que tiene 32 pedidos por diversos delitos de responsabilidad, entre ellos atentar contra la salud pública en la pandemia.

Bolsonaro logró un acuerdo con el llamado “Centrao”, una decena de partidos de centroderecha que forman parte de un péndulo oficialista dependiendo de los momentos electorales o los intereses.

El Centrao fue clave al abandonar en 2016 la base de apoyo de la presidenta Dilma Rousseff y aliarse con el vicepresidente Michel Temer.

Varios nombres condenados y procesados por corrupción forman parte de la nueva base de Bolsonaro, como el senador Ciro Nogueira, del Partido Progresista (PP); Valdemar Costa Neto, titular del Partido Liberal (PL), y el titular del Partido Trabalhista Brasileño (PTB), Roberto Jefferson.

Jefferson, incluso, propuso, con un fusil en la mano, que las fuerzas armadas intervengan el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema).

Son dirigentes, estos dos últimos, que en los últimos 25 años convivieron entre los oficialismos y vinculados al escándalo del “mensalao” en el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

“El Congreso es el que está ahí, el presidente no elige a los parlamentarios, los elige el pueblo y hay que dialogar”, dijo el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del jefe del Estado y que pertenece al ala oficialista del Partido Social Liberal.

El presidente Bolsonaro está sin partido porque no logró aún las firmas necesarias para inscribir a su fuerza, Alianza por Brasil, tras haber dejado el PSL.

Nogueira es un caso de camaleón político en el comando del PP, un partido al que perteneció Bolsonaro hasta 2017.

Fue aliado de Lula y de Rousseff pero en el juicio político ordenó a su fuerza abandonar a la presidenta y unirse a Temer. En 2018 apoyó la candidatura de Lula cuando estaba preso por corrupción pero finalmente se alió a Bolsonaro.

El jefe de asesores de Nogueira, Marcelo Lopes da Ponte, fue designado por Bolsonaro como titular del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación (FNDE), en un decreto firmado por el jefe de gabinete, general Walter Braga Netto.

Los responsables de reunir tropa parlamentaria para impedir el juicio político son Braga Netto y el secretario general de la Presidencia, general Luiz Eduardo Ramos: ambos se convirtieron en articuladores para evitar que Bolsonaro sufra un revés como el Congreso le impuso a Rousseff en 2016 para sacarla del Planalto.

Bolsonaro, según revelaron cifras oficiales, es el presidente que en la historia más enmiendas parlamentarias otorgó a los congresistas: unos 6.200 millones de reales (unos 1.200 millones de dólares).

Estas partidas presupuestarias son clave para que cada diputado pueda realizar proyectos de salud y educación en sus territorios y así mostrar obras para su reelección.

Por las cuentas actuales, Bolsonaro tendría más que los 172 para evitar un juicio político.

Adhieren a la base del Centrao 11 partidos, todos de centroderecha, con 230 diputados.

La derecha y la centroderecha opositoras acumulan 153 votos y la oposición de izquierda, 129.

Para un juicio político son necesarios dos tercios de los votos, con lo cual la votación se eleva al Senado, donde Bolsonaro no domina el escenario.

Pero esta barrera parlamentaria, a cambio de cargos en ministerios y empresas públicas, también puede servir para bloquear el peligro más inminente de Bolsonaro, la vía judicial.

El STF investiga a Bosonaro por obstrucción de la justicia por intentar manipular investigaciones de la Policía Federal.

Si la investigación avanza, el fiscal general, Augusto Aras, debe decidir si denuncia o no al presidente por un crimen común como obstruir la justicia. Esa denuncia debe ser enviada al Congreso y sí se aprueba, el presidente sale del cargo 180 días para ser juzgado, con lo cual puede ser destituido si es hallado culpable.

Este sistema de alianzas con el “bajo clero” del Congreso le sirvió para sobrevivir en 2017 a Temer, quien había sido denunciado por supuestamente negociar coimas con un empresario del gigante de carnes JBS.

El Congreso rechazó la denuncia y Temer comenzó a ser investigado en ese caso apenas dejó el mandato, ya sin fueros.