El Municipio afirma que las trabas al Centro de Monitoreo responden “cuestiones políticas”

El Secretario de Gestión Legal y Técnica de la Municipalidad de Río Gallegos se refirió a los diversos amparos presentados contra la obra del Centro de Monitoreo que la Municipalidad busca instalar en la costanera. “Se trata de un predio propio, no se infringe ninguna ordenanza, no hace falta estudio de impacto ambiental y no existe ningún incumplimiento de los que argumentan los amparistas”, afirmó.

Por estos días se espera que el juez Francisco Marinkovic se expida sobre la presentación que hizo la Municipalidad de Río Gallegos en respuesta al amparo presentando anteriormente por el Doctor Javier Stoessel, y que motivó la medida de no innovar que paralizó las obras del Centro de Monitoreo. Mientras tanto, ayer se respondió a un nuevo amparo, esta vez presentado por el diputado Daniel Roquel, concejales y referentes del radicalismo quienes solicitan, entre otras cosas, un estudio de impacto ambiental de la obra, lo cual no está contemplado en ningún requerimiento legal vigente por tratarse de un emprendimiento dentro del ejido urbano.

Al respecto, el doctor Jorge Cabezas, a cargo de la Secretaría de Gestión Legal y Técnica de la Municipalidad, resaltó que el Municipio está respondiendo en tiempo y forma a cada una de las requisitorias con argumentos sólidos en base a la normativa actual, y confía que pronto se levante la orden de no innovar, aunque no descarta que existan nuevos pedidos de informes que serán igualmente contestados en los plazos legales habituales.

Más allá de todas las trabas, Cabezas afirma tener la tranquilidad que “no estamos infringiendo ninguna normativa”, ya que los argumentos esgrimidos por los amparistas se basan en una ordenanza que aún no está vigente, que fue aprobada hace siete años y que recién el Ejecutivo Municipal encabezado por Pablo Grasso comenzó con la reglamentación, paso en el que se encuentra actualmente.

La Ordenanza a la que refiere es la 8043 del año 2013, que casualmente es de autoría del entonces concejal y ahora intendente Pablo Grasso, y que tiene como fin la protección del patrimonio histórico de la ciudad. Esta norma estuvo sin ser reglamentada por siete años, y fue la actual gestión comunal la que comenzó con ese proceso, designando la autoridad de aplicación (área de Patrimonio Cultural Municipal) y comenzando a convocar para su formación a la Comisión de Patrimonio Cultural Municipal, que es la que finalmente decidirá cuales son los espacios considerados como protegidos.

Cabezas explica entonces que no se puede argumentar que el lugar designado para el Centro de Monitoreo es patrimonio histórico, ya que el organismo que debe expedirse al respecto no fue conformado. Además, atribuyó el funcionario municipal a “cuestiones políticas” las trabas que se están presentando para la obra, ya que “se trata de un predio propio, no se infringe ninguna ordenanza, no hace falta estudio de impacto ambiental y no existe ningún incumplimiento de los que argumentan los amparistas”, por lo que “no vemos ninguna razón para no hacer la obra”. Al respecto, recordó además que desde el radicalismo se había hecho anteriormente una presentación pública sobre planes para esa zona en base a acuerdos con el entonces interventor de YCRT Omar Zeidán. “En ese momento parece que estaba bien construir ahí y ahora que la iniciativa es nuestra, ya no está bien”, analizó Cabezas.

Por último, hizo referencia a que uno de los argumentos esgrimidos en contra es que se trata de un lugar para esparcimiento de los vecinos, olvidando que durante décadas allí hubo una gran actividad por el puerto y el ferrocarril, y el suelo se encuentra lleno de hierros y otros materiales, por lo cual no es conveniente para el esparcimiento. “La Municipalidad, a través de ésta obra, realizará un saneamiento total de la zona y entonces sí lo volverá un lugar acorde para uso de los vecinos”, dijo Cabezas, y agregó que “visto de esa forma, hasta podemos decir que los amparos van en contra de sanear el lugar”.