El fiscal Ramiro González detectó que el primo del presidente, Angelo Calcaterra, cobró 1000 millones de pesos de Enarsa para rescindir un contrato.
El fiscal Ramiro González amplió la imputación al expresidente Mauricio Macri, sus exfuncionarios y su primo Angelo Calcaterra, por la venta a precio vil de dos centrales termoeléctricas, “Ensenada de Barragán” y “Brigadier López”, y solicitó ampliar la investigación tras un planteo de Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IEASA).
La compañía se presentó como querellante por el presunto perjuicio patrimonial que habría sufrido como resultado de la venta de las centrales termoeléctricas y aportó información sobre presuntas modificaciones en los pliegos de las licitaciones para beneficiar empresas amigas.
La denuncia original fue realizada a fines de 2018 por diputados del Frente de Todos encabezados por Rodolfo Tailhade por supuesta venta precio vil de las centrales térmicas Brigadier López y Ensenada Barragán, en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires, operación que “ocasionó una pérdida multimillonaria en dólares al Estado Nacional”.
Las irregularidades fueron en la venta de centrales termoeléctricas de la empresa estatal al grupo conformado por YPF, Pampa Energía y a Central Puerto, del empresario Nicolás Caputo, compañero de la secundaria y amigo personal del expresidente.
Según precisó LaPoliticaOnline, la causa original era por la rescisión del contrato de Enarsa con la constructora de las plantas, Iecsa. Su dueño en ese momento era Calcaterra y la operación fue similar a la que se denuncia por la causa peajes: fabricar un reclamo y rescindir “de común acuerdo” cuando la construcción de las centrales no estaba completa.
Por esa operatoria, el fiscal detectó que Iecsa cobró mil millones de pesos, en una maniobra que controlaron Alberto Raúl Brusco y Adolfo Marcelo Piccinini, que luego fueron designados funcionarios en ENARSA y gestionaron la privatización. En el oficialismo sorprendía además que el rol de querellante de IEASA fuera más activo que el de organismos públicos del Estado.
Además de Macri están denunciados el exministro de Energía Juan José Aranguren, los exsecretarios de esa área Javier Iguacel y Gustavo Lopetegui, Alberto Raúl Brusco, exsubsecretario de Infraestructura del Ministerio de Energía; Ángelo Calcaterra, quien actuó en el consorcio ISOLUX e IECSA; Hugo Balboa, expresidente de ENARSA; Mario Dell’Acqua, expresidente de IEASA; y los responsables de las firmas Pampa Cogeneración y Central Puerto, quienes fueron adjudicatarias de las licitaciones por las ventas de las centrales termoeléctricas.
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