El Gobierno de Mauricio Macri conocía la ubicación del siniestrado submarino ARA San Juan, al menos desde el 5 de diciembre de 2017. Es decir 20 días después de su desaparición. La posición la habría revelado el buque chileno Cabo de Hornos. Así lo dijo ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo, ex comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada y uno de los imputados en la causa por el hundimiento del navío.
La revelación que este sábado publica Infobae generó indignación entre los familiares de los 44 tripulantes fallecidos y los abogados querellantes que los representan, entre ellos Fernando Burlando y Valeria Carreras.
El ex oficial declaró ante el tribunal superior integrado por los jueces Javier Leal de Ibarra (presidente), Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman para defenderse del procesamiento que el 31 de enero pasado le dictó la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, por no haberse asesorado debidamente ni ocuparse personalmente de verificar el estado de la nave en forma previa a la realización de un ejercicio naval combinado de gran envergadura.
Las palabras exactas de López Mazzeo ante los magistrados fueron las siguientes: “Cuando usted vea toda la documentación, se va a dar cuenta de que nosotros, cuando tuve que firmar el mensaje más doloroso en toda mi carrera que fue el cierre del caso SAR (por la búsqueda y rescate) teníamos detectada la posición del submarino y por eso habíamos coordinado con la Marina Británica el 5 de diciembre (de 2017) el pedido de un vehículo autónomo, porque sabíamos que podía estar únicamente en dos cañadones, que era lo que no podíamos verificar con todos los medios internacionales requeridos”.
RECONCOMIENTO PUBLICO
Es la primera vez que se reconoce públicamente que el “contacto” que a través del sonar (sonido, no imágenes) realizado por el buque chileno pertenecían al ARA San Juan.
El segundo punto que llama a la indignación es porque, dada la profundidad en la que se encontraba, la zona debía ser explorada por un vehículo submarino autónomo. La armada británica, que formó parte de la búsqueda y rescate con el imponente rompe hielo HMS Protector, se ofreció a realizar la tarea. Sin embargo, la Armada Argentina, en ese momento a cargo del almirante Marcelo Srur, nunca autorizó esa búsqueda.
La abogada Valeria Carreras recordó también que durante su declaración indagatoria, realizada el 25 de noviembre de 2019 ante la jueza Yáñez, López Mazzeo dijo: “Nunca presencié mayor ignominia hacia la Armada que la actitud cobarde y mentirosa de quien fuera su Jefe en aquellos momentos, así como la de algunos pocos que lo secundaron y de quienes -movidos por intereses personales- causaron la demora en el hallazgo del naufragio, ignorando y desprestigiando el trabajo profesional al que afanosamente se entregó el personal naval durante la búsqueda de sus camaradas naufragados. Se extendió en forma inaudita la agonía de los familiares y seres queridos, integrantes de la familia naval, a la que pertenezco junto con mi propia familia, al negarles, durante todo el tiempo en que veladamente se discontinuó con la búsqueda del ARA San Juan, el derecho a un duelo de sus seres queridos, muertos en acto de servicio”.
“Legalmente la declaración de López Mazzeo obliga a realizar una causa aparte, por el ocultamiento y la complicidad que venimos denunciando siempre, pero desdobla la causa en dos porque no hay que olvidar que se debe determinar quiénes son los responsables de las 44 muertes”, afirma la querellante y precisa: “En ese segundo expediente deberá investigase a los responsables de semejante ocultamiento, de las contrataciones a empresas de búsqueda, del beneficio que trajo la saga de cargos, gastos, y movidas para seguir tapando la verdad. Especialmente habrá que analizar, quienes estaban en conocimiento de la ubicación de los restos del submarino”.
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