En sus lineamientos de apertura, Arévalo sostuvo que los acusados captaron a Lucía (16), “con la finalidad de abusar sexualmente de ella, a sabiendas” de “su condición de menor de edad”.
Sostuvo a su vez que, luego de trasladarla a la casa de él en la zona sur de la ciudad, Farías “suministró cantidades indeterminadas de cocaína y marihuana a la menor”, luego abusó sexualmente de ella, y que “el desarrollo de tales actos provocó la muerte” por “asfixia tóxica con congestión y edema pulmonar debido a una falla cardíaca”.
La defensora oficial Laura Solari, en representación de Farías, adelantó que discutirá la “materialidad delictiva” del hecho, y el abogado César Sivo, quien representa de manera particular a Offidani junto a Romina Merino, sostuvo en la misma línea que “además de que no hay hecho ilícito en sí”, su defendido “no aportó nada”.
Los dos acusados siguieron el inicio de la audiencia de manera remota desde sus lugares de detención, y tras los lineamientos de las partes pidieron desconectarse y quedar a disposición del tribunal, integrado por los jueces Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone.
Antes de cortar la comunicación desde la Unidad Penal de Florencia Varela en la que está detenido, Farías pidió “que se haga justicia”, mientras que Offidani no realizó declaraciones.
En la audiencia, las abogadas Verónica Heredia y Florencia Piermarini, representantes de la familia de la víctima, adhirieron parcialmente a la acusación fiscal, ya que consideraron que el grado de participación de Offidani fue primario.
Los primeros testimonios
La primera testigo de la jornada fue la madre de Lucía, Marta Montero. Recordó la mañana del 8 de octubre de 2016, el día en que mataron a Lucía, cuando se despidió de ella a las 5.15 antes de ir trabajar: “Le di un beso, le dije te quiero mucho, le di 100 pesos que había pedido para salir las chicas. Ella me dijo ‘yo también te quiero mucho’, y ese fue el último contacto de amor y de madre que yo tuve con ella”.
El juicio se extenderá por al menos dos semanas, con la declaración de casi 50 testigos, fecha estimada de sentencia el 1 de marzo, según indicaron fuentes judiciales.
El inicio del debate oral fue seguido en la sala de audiencias por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, y también fue visualizado desde otro espacio en el segundo piso, por representes de organismos y agrupaciones que intervienen como amicus curiae. «Tenemos expectativas de que este nuevo tribunal pueda sancionar realmente lo que sucedió», expresó y criticó la actuación del primer tribunal que tuvo el caso y absolvió en 2018 a los imputados al afirmar que en ese primer juicio hubo «una mirada y una forma de ver y abordar una situación de una niña de 16 años a la que quisieron correrla de ese lugar».
A puertas de tribunales
Diversas organizaciones y activistas acompañaron a la familia de Lucía durante esta primera jornada. “Hace 2.308 días que Lucía no tiene justicia. Hace cinco años que estamos esperando este juicio y saber quién mató a Lucía”, dijo a Télam Marta Montero, la madre de la víctima, en los tribunales marplatenses y antes del inicio de la primera audiencia.
“Queremos que ella tenga justicia. Esperamos una justicia con una mirada de género que la otra vez no tuvo, ni humanitaria”, señaló en referencia al juicio de 2018, que culminó con los acusados absueltos por el femicidio, algo que luego revirtió el Tribunal de Casación ordenando este nuevo debate oral.
“Un animal tiene más derechos que el que tuvo Lucía en el primer juicio. No se aplicó ningún protocolo de género”, remarcó Montero sobre aquel primer fallo.
En tanto, el padre de Lucía, Guillermo Pérez, agregó: “Tenemos que creer que este tribunal tiene la independencia para dar (prisión) perpetua por un homicidio con agravantes”.
El Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación expresó “canalizamos el pedido de presencia institucional por parte de la familia de Lucía, convertida en emblema de la lucha por un Poder Judicial con perspectiva de género. Este caso resultó paradigmático debido a que, durante el juicio realizado en 2018, la justicia absolvió a los imputados por abuso sexual y femicidio. Así, dos de ellos fueron condenados únicamente por tenencia y venta de estupefacientes en las inmediaciones de la escuela a la que concurría Lucía, mientras un tercer acusado –que falleció en 2020- fue absuelto”.
La ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, también acompaña a la familia de Lucía. “Desde el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, junto al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y la Defensoría del Pueblo bonaerense, acompañamos a la familia de Lucía durante todo el proceso judicial”, informó en un comunicado.
Romina del Pla también participó de las actividades en Mar del Plata. «El nuevo juicio por Lucía Pérez debe reforzar la lucha contra la impunidad y es el resultado de la lucha incansable de los padres y amigos de Lucia y de miles de mujeres que se han tomado las calles reclamando Ni Una Menos», dijo.
El crimen de Lucía
La muerte de Lucía ocurrió en la mañana del 8 de octubre de 2016. De acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, la adolescente había conocido a los dos acusados un día antes, cuando ellos se acercaron a través de una amiga de la Escuela Media 3 de Mar del Plata para venderle un cigarrillo de marihuana.
Al día siguiente, Farías llevó a la chica a su domicilio en Racedo al 4800, donde habría sido drogada y abusada hasta ocasionarle la muerte.
Durante el primer juicio, realizado en noviembre de 2018, Farías y Offidani fueron condenados a ocho años de prisión por los jueces Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale, pero solo por la venta de drogas en la puerta de la escuela a la que asistía Lucía.
Ambos fueron absueltos sin embargo por el abuso sexual seguido de muerte y el femicidio, pero la sala IV del Tribunal de Casación bonaerense revocó ambas absoluciones en agosto de 2020, dispuso la «nulidad» del primer juicio y ordenó la realización de uno nuevo, resolución que fue confirmada un año más tarde por la Corte provincial.
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